El funcionamiento de la empresa Bodegas y Viñedos Giol –incorporada al Estado de Mendoza en 1954, durante el gobierno peronista de Carlos H. Evans-, y particularmente sus cuerpos directivos, estuvieron condicionados por los conflictos políticos y económicos que gravitaron en el último tramo de la segunda presidencia de Juan D. Perón y de la profunda y duradera crisis político/institucional que siguió a su derrocamiento en 1955. En efecto, la dirección de la firma Giol expresó las opciones antagónicas de una sociedad polarizada que no supo encontrar una fórmula que resultara legítima para todos y dotar de estabilidad al sistema de gobierno.
La libertad que el estatuto de la organización empresaria otorgó al Poder Ejecutivo para el nombramiento de los directivos, convirtió a la empresa en escenario de los acuerdos/enfrentamientos que se suscitaron entre las fuerzas políticas, militares y económicas. De esta manera, la “estatización” de Giol implicó la “integración” de algunos de los representantes de los principales actores corporativos -el partido político o la cúpula militar a cargo del gobierno y las asociaciones empresariales y de trabajadores- en una entidad empresaria ligada a la principal fuente de riqueza provincial: la vitivinicultura.
La “bodega estatal” se convirtió en el principal instrumento de la política vitivinícola mendocina, y particularmente de regulación de los mercados de uvas y de vinos, y no sólo constituyó una caja de resonancia de las coyunturas política y económica sino que a menudo fue utilizada por los funcionarios públicos como mecanismo de devolución de favores políticos y por los adversarios del gobierno como instrumento de denuncia de irregularidades en la administración. En consecuencia, este estudio no sólo contribuye a explicar las decisiones que delinearon el funcionamiento de la empresa sino que iluminan aspectos más generales vinculados a la historia económica y política de Mendoza.
El propósito de este trabajo es analizar la dirección de la empresa estatal, desde que el Estado provincial asumió el control de la misma en 1954 y hasta la destitución del gobernador justicialista Alberto Martínez Baca en 1974, que marcó el inicio de los grandes cambios en la gestión organizacional.
¿Cuáles fueron los objetivos asignados a la firma por los distintos gobiernos? ¿Cuáles fueron las estrategias y los planes formulados por la dirección? ¿Cómo estaba compuesto el directorio de Giol y quiénes lo integraron? ¿Qué tipo de vinculaciones existía entre sus miembros y otros ámbitos de poder económico, político y militar? ¿De qué manera se expresaron en la firma los conflictos políticos? Estas son las preguntas que se intentará responder en el desarrollo de la ponencia. Con este fin, se han adoptado diversas estrategias metodológicas, principalmente, la construcción de variables cualitativas a partir de fuentes documentales y de entrevistas en profundidad, el estudio de algunas trayectorias de los cuadros directivos y el análisis de redes relacionales.
Las principales fuentes de investigación a consultar consisten en actas de directorio y memorias de la firma, discursos de gobernadores, reseñas de gestión gubernamental, diarios de sesiones legislativas, obras producidas por algunos actores de la época, la prensa local y entrevistas en profundidad.
