Esteban Köster Capurro (Instituto de Ciencia Política, FCS, UdelaR, Uruguay)
La legislación vinculada Seguridad Social en el período 1934-1967, se aproxima a las 200 leyes y decretos, abarcando legislación de carácter general, sobre las Cajas Paraestatales, sobre órganos administrativos, sobre desocupación (régimen general y regímenes especiales), accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, seguros de enfermedad no profesional, asignaciones familiares, hogar constituido, primas por matrimonio y nacimiento. Esto da cuenta lo engorroso del sistema, y lo complejo que se vuelve el estudio del tema. El objetivo es el estudio de los debates político-partidarios y la posición de distintos actores de la sociedad como lo son las gremiales empresariales (la ARU, la FRU, la Cámara de Industrias y la Cámara Nacional de Comercio), los sindicatos de trabajadores, la Confederación General Reivindicadora de las Clases Pasivas y la Convenciones Nacionales de Medicina.
Las leyes de creación del Instituto de Jubilaciones y Pensiones del Uruguay (1934) y la de descentralización de las Cajas de Jubilaciones (1948), fueron desde el punto de vista institucional las dos más importantes. Pues, con ellas se intentó reorganizar el sistema. Ambas responden a un marco político particular, y fueron causa de un intenso debate –esencialmente la segunda e indirectamente la primera– que permite apreciar las posturas partidarias y los intereses políticos que estuvieron en juego, que en algunos casos parecieron primar a la hora de encarar las reformas sobre seguridad social. El paso dado hacia la centralización en 1933, buscó corregir fallas estructurales sólo con la unificación de la gestión, sin plantearse una reforma de fondo. La vuelta a la descentralización, pareció responder al fracaso de la unificación, puesto que el sistema mantuvo los mismos problemas y agravó otros. Explicación parcial, pues fue en esencia volver al escenario previo a 1933, escenario que había adolecido las mismas dificultades que se criticaban. La inclusión del factor político en el análisis, permite esclarecer la contradicción, sin dudas la coincidencia patriótica es parte de la explicación. La lucha por espacios de poder y por réditos electorales, primaron en la edificación del sistema.
La ley de Asignaciones Familiares (1943), es sin duda otro de los puntos altos en la legislación social del país. Se describirá el proceso de aprobación de la ley, las raíces políticas y las posiciones partidarias y empresariales al respecto.
El grado de participación de los actores sociales mencionados, en la construcción del sistema está vinculado a un contexto histórico determinado. Las corporaciones empresariales, vigilantes siempre de las políticas sociales impulsadas desde el Estado, cada vez que fue necesario hicieron saber sus opiniones en defensa de sus intereses. Su discurso se adaptó al contexto socioeconómico y político que se vivía, fueron consientes hasta donde presionar públicamente, pues en algunos casos la opinión pública importaba. Pero, existían otros caminos, más velados y muchas veces más efectivos para alcanzar sus aspiraciones.
Para la clase trabajadora, la seguridad social fue parte de su lucha, cuando tuvo espacios de acción, planteó sus reclamos e hizo propuestas, y obtuvo logros significativos en momentos que el modelo de bienestar se desmoronaba. De todas maneras, no es posible arribar a una conclusión definitiva sobre el grado de influencia.
