Gabriel Bucheli (Instituto de Ciencia Política, FCS, UdelaR, Uruguay)
Inés Pellegrino (Instituto de Ciencia Política, FCS, UdelaR, Uruguay)
Hacia mediados del siglo XX Uruguay había alcanzado una cobertura casi universal de los riesgos de invalidez, vejez y sobrevivencia. Y entre los múltiples síntomas de crisis económica que el país presentaba desde 1955, las dificultades del Estado por sostener esos compromisos se hicieron notorias.
Si por su propia naturaleza la previsión social es un asunto de gran sensibilidad para el conjunto de la sociedad, esa misma universalización provocó, ante la percepción de las dificultades para su sostenimiento, la reacción de los principales actores sociales y políticos. Así fue que la propuesta de cambios de orden institucional en la seguridad social ingresó en la agenda de los partidos políticos. Por su parte, los sindicatos de trabajadores y de jubilados reforzaron sus plataformas reivindicativas en la materia. Además, vino a sumarse el diagnóstico y propuesta de técnicos y académicos, cuya manifestación más clara fue el plan de desarrollo de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) de 1965.
Este trabajo pretende recoger evidencias de la crisis que el sistema previsional mostraba en la primera mitad de los años 60 y cómo, con fundamentos diversos, se comulgó con la idea de centralizar el sistema, lo que culminaría con la aprobación por vía plebiscitaria de la creación del Banco de Previsión Social en 1966, como componente de la reforma constitucional aprobada ese año. Asimismo, se analizan los cambios introducidos por la dictadura cívico militar en el sistema de seguridad social, viéndose en especial los efectos del Acto Institucional Nº 9 de 1979, tanto en el proceso centralizador de la administración y de las finanzas, con la creación de la Dirección General de Seguridad Socia y del Fondo de Seguridad Social, como en el otorgamiento de jubilaciones y pensiones y en la cobertura, identificándose rupturas y continuidades en el sistema.
