Sergio Espuelas (Universidad de Barcelona, España)
Las primeras experiencias de seguro público de desempleo datan de principios del siglo XX. Los países pioneros en ese sentido fueron Dinamarca (1907), Francia (1905) y Noruega (1906), que instalaron sistemas de seguro voluntario subvencionados por el Estado. No obstante, el verdadero impulso en materia de legislación contra el desempleo se produjo después de la I Guerra Mundial, cuando el seguro de desempleo se difundió por la mayoría de países europeos. Dicho impulso vino, además, acompañado de un cambio en el modelo de seguro dominante; ya que, desde entonces, la mayoría de países europeos optaron por crear sistemas de seguros obligatorios en lugar de voluntarios.
En España el seguro de desempleo se introdujo, en 1931, con cierto retraso respecto a la mayoría de países europeos, y desmarcándose de la tendencia dominante en el momento se optó por un sistema voluntario. Sin embargo, dicho seguro tuvo un impacto muy limitado, ya que las tasas de cobertura registradas fueron realmente bajas. No obstante, a diferencia de lo que podría pensarse inicialmente, los países con sistemas de seguro voluntario no estaban necesariamente condenados a tener tasas de cobertura inferiores a los países con sistemas de seguro obligatorio. De hecho, países como Dinamarca o Bélgica, que tenían seguros voluntarios, registraron niveles de cobertura similares a los de Austria o Italia, que tenían seguros obligatorios. No deja de ser interesante, por tanto, preguntarse por qué el seguro voluntario introducido en la España republicana no obtuvo mejores resultados.
El modelo de Gante, o de seguro voluntario, consistía en subvencionar a los sindicatos que ofrecían el seguro de paro a sus socios. El éxito del sistema dependía, por tanto, de la existencia de una amplia red de sindicatos que ofreciesen el seguro como un servicio a sus afiliados; y de la predisposición de éstos para colaborar con el Estado. En el caso español, sin embargo, todo parece indicar que los sindicatos y mutuas que ofrecían el seguro de paro habían alcanzado un desarrollo muy modesto. En 1931, el volumen de asociaciones que ofrecían el seguro de desempleo y que, por tanto, eran susceptibles de ser subvencionadas era sencillamente muy escaso. Por otro lado, una parte importante del movimiento obrero mostró serias reticencias ante la posibilidad de participar en el sistema y colaborar con el Estado. La lentitud y las escasas realizaciones prácticas en materia de política social en España antes de 1931 explican, al menos parcialmente, que sectores importantes del movimiento obrero (especialmente los sectores de inspiración anarquista) perdiesen la confianza en la intervención del Estado. Sin embargo, esta actitud tuvo consecuencias negativas cuando, durante la II República, se trató de poner en marcha un tipo de seguro que para su buen funcionamiento requería la colaboración entre el Estado y las organizaciones sindicales.
