Juan Carlos Sarazúa, Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)
El objetivo de la ponencia es mostrar los límites de la nueva institucionalidad para controlar el territorio y población, usando como indicador la capacidad de extracción de recursos provenientes de ésta última. Las dificultades de la Ciudad de Guatemala para controlar los territorios fuera de su zona de influencia más cercana, a inicios del siglo XIX, marcó profundamente las posibilidades de control fiscal, base ineludible para la construcción de un Estado centralizado en la Federación de Centro América o de forma independiente. La dinámica regional marcada por los cambios ocurridos a partir de la segunda mitad del siglo XVIII (Reformas Borbónicas e integración comercial gracias al añil) llevaron a que, en el momento de la separación de la Monarquía en 1821, la Ciudad de Guatemala, como sede gubernativa del antiguo Reino de Guatemala, perdiera influencia sobre buena parte del Istmo. Con la creación de las Provincias Unidas de Centro América en 1823 se legalizaron cinco Estados: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Sin embargo, estos fragmentos eran realidades pendientes de construir, ya que los centros administrativos enfrentaron el reto de otras ciudades y villas provinciales que habían crecido en la última parte del siglo XVIII. Sobre esta herencia de regionalismo fragmentado, se intentó obtener recursos fiscales, directos e indirectos, para sostener una institucionalidad a lo largo del periodo en estudio.
La Ciudad de Guatemala, como cabeza administrativa del Estado de Guatemala en la Federación (1823-1840) y como Estado autónomo (1840 en adelante), sufrió el desafío de Quetzaltenango y Chiquimula, centros de las regiones conocidas como Los Altos y la Montaña respectivamente. Con varios intentos a lo largo del siglo XIX para separarse del Estado de Guatemala, es clave en la historia fiscal del periodo indagar sobre los mecanismos fiscales aplicados para la centralización política desde la Ciudad de Guatemala. Esta ponencia mostrará los datos preliminares de este proceso desde la fiscalidad para integrar a la región como una variable clave en las posibilidades de recolección de recursos y el sostenimiento de las instituciones encargadas de controlar el territorio.
