José Alejandro Peres Cajías (Universitat de Barcelona)
El esquema de Acemoglu et al. asume que el desempeño de una economía viene determinado básicamente por las instituciones económicas (Acemoglu, Johnson y Robinson, 2006).1 La naturaleza de este set de instituciones es resultado de la interacción de dos variables: el poder político de jure y el poder político de facto. Estas dos variables, a su vez, vienen definidas por la naturaleza de las instituciones políticas y por la distribución de los recursos. En el caso de Bolivia, es difícil negar que el poder político de jure estuvo desigualmente distribuido, particularmente hasta 1952. Sin embargo, el análisis del poder político de facto muestra una importante capacidad de incidencia de indígenas y clases populares en la política boliviana desde el inicio mismo de la República. El contraste de ambos fenómenos permite calificar a la historia política boliviana como una continua lucha de débiles: una historia donde ningún grupo político es capaz de sentar una hegemonía duradera en el largo plazo y de verdadero alcance nacional. Con ello se cuestiona aquellas interpretaciones que ven en la fortaleza de las elites la principal causa del rezago de América Latina. Se reclama también la necesidad de incorporar el rol de agencia de indígenas y clases populares en cualquier explicación institucional de la economía boliviana.
